Caso Jet Set: hermanos Espaillat apelan embargo de RD$500 millones

El caso Jet Set suma un nuevo capítulo judicial. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, junto a varias empresas imputadas por el colapso del techo de la discoteca donde murieron 236 personas, interpusieron un recurso de apelación contra la decisión que ordenó un embargo conservatorio y una hipoteca judicial provisional sobre sus bienes, por un monto de hasta RD$500 millones. La medida había sido dictada por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El recurso fue depositado el pasado 23 de junio de 2026 ante la Secretaría del Primer Juzgado de la Instrucción, a cargo de los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. La solicitud será conocida próximamente por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, instancia que deberá decidir si mantiene o modifica la garantía patrimonial impuesta a los imputados.

Qué pide la defensa

En el escrito de apelación, la defensa solicita de manera principal la revocación total de la decisión impugnada. De forma subsidiaria, plantea que la medida de coerción real sea sustituida por una fianza equivalente al monto total de RD$500 millones que ya había autorizado el tribunal.

Los abogados de los hermanos Espaillat López fueron enfáticos al aclarar que el recurso "no persigue reducir, limitar ni eliminar la garantía judicial reconocida a favor de las víctimas". Según explicaron, el objetivo es evitar que la modalidad de garantía actualmente autorizada provoque una afectación patrimonial superior a la cuantía que el propio tribunal había fijado inicialmente.

Esta distinción es clave para entender la estrategia legal: no se trata de desconocer el derecho de las víctimas a una compensación, sino de discutir la forma en que esa garantía se ejecuta sobre el patrimonio de los imputados y las empresas vinculadas al proceso.

Otros implicados en las medidas

Además de Antonio y Maribel Espaillat López, el juez Raymundo Mejía Ortiz también dispuso medidas similares contra Evelyn Espaillat y Ana Grecia López. Las disposiciones alcanzan igualmente a varias empresas vinculadas al proceso: Inversiones E y L, S.R.L.; Radiocadena Comercial, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L. e Inversiones CCEP-2, S.A.

Cabe recordar que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ya había dictado auto de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. En esa misma decisión, el magistrado admitió todos los hechos contenidos en la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales incorporadas al expediente.

El juez también mantuvo las medidas de coerción impuestas a los imputados: una garantía económica de RD$50 millones para cada uno, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público mientras avanza el proceso judicial.

El trasfondo de la tragedia

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia, sector El Portal del Distrito Nacional, ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 durante una presentación artística. La tragedia dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 personas heridas, convirtiéndose en uno de los sucesos más devastadores de la historia reciente dominicana.

Desde entonces, el caso ha mantenido en vilo a la opinión pública, tanto por el número de víctimas como por las implicaciones legales y patrimoniales que enfrentan los propietarios y administradores del local. Las familias afectadas han seguido de cerca cada movimiento judicial, a la espera de que se concreten las compensaciones ordenadas por los tribunales.

La apelación presentada por los hermanos Espaillat López no busca frenar el proceso penal en sí, sino ajustar los términos de la garantía real que respalda los derechos económicos de las víctimas. Este tipo de recursos son habituales en procesos con alto impacto patrimonial, donde se discute no el fondo de la responsabilidad, sino la forma en que se ejecutan las medidas cautelares.

Conclusión

El proceso continúa su curso ante los tribunales dominicanos, ahora con la mirada puesta en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que deberá pronunciarse sobre la apelación de los hermanos Espaillat López. Mientras tanto, las medidas de coerción original y la garantía a favor de las víctimas permanecen vigentes.

El desenlace de este recurso podría marcar un precedente sobre cómo se manejan las garantías patrimoniales en casos de gran magnitud social como el de la discoteca Jet Set, donde la búsqueda de justicia para las víctimas debe equilibrarse con el debido proceso legal para los imputados.

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